La juez del Juzgado nº 2 de Puerto Real, en Cádiz, dictó ayer un auto por el que cierra cautelarmente la perrera municipal e inhabilita al veterinario titular para la profesión y tenencia de animales.
Esta decisión es a raíz de la denuncia que interpuso el 15 de junio ante el Seprona la ONG ‘El Refugio‘, que alegó que en esa perrera han muerto en lo que va de año 566 perros y gatos presuntamente por asfixia, después de inyectarles el paralizante muscular Mioflex.
Según ‘El Refugio’ son sólo los datos oficiales, y los reales podrían ser mucho mayores, ya que podrían no estar reflejados los animales que han sido llevados por sus propios dueños a sacrificar.
‘El Refugio’ ha señalado que en dicha perrera se recogen anualmente miles de perros y gatos de varios municipios de la provincia de Cádiz. Supuestamente los animales recogidos son sacrificados con un paralizante muscular que es inyectado indiscriminadamente ocasionando a los perros y gatos recogidos una muerte lenta y agónica por asfixia que en la mayoría de las ocasiones puede durar varios minutos, durante los cuales el perro o el gato está absolutamente consciente hasta que muere asfixsiado ya que afecta a los músculos respiratorios.
En este vídeo miembros de ‘El Refugio’ celebran la decisión de la juez:
